La vivienda, ¿derecho o mercancía?: ARTE Europe Weekly sobre las protestas en España y el plan de expropiación de Berlín

La presentadora parte de la oferta. Según las cifras citadas, Europa necesitaba 2,25 millones de viviendas en 2025, pero solo construyó 1,3 millones, lo que deja un gran déficit. Cuando la oferta es baja y la demanda alta, los precios y los alquileres suben, y la presentadora afirma que lo están haciendo más deprisa que los salarios.

El programa ofrece varias cifras sobre los alquileres. Entre 2010 y 2024, los alquileres subieron en todos los países de la UE salvo Grecia. Estonia registró el mayor aumento, de más del 200 %, seguida de Lituania, con un 177 %. Casi uno de cada diez europeos destina más del 40 % de sus ingresos a la vivienda.

La explicación de la presentadora sobre lo que ha cambiado es que la vivienda se ha convertido en una clase de activo que el sector financiero quiere tener en cartera. Las sociedades de inversión inmobiliaria, las aseguradoras, los fondos de cobertura y los fondos de pensiones controlan ahora una gran parte del mercado de la vivienda en Europa. En palabras de la presentadora, el poder reside ahora en «quienes obtienen beneficios de la vivienda, no en las personas que realmente viven en ella». Esta visión enmarca los dos casos que siguen.

La historia española gira en torno a Mari Carmen Abascal, una madrileña de 87 años desahuciada de su piso el 23 de septiembre. Una promotora inmobiliaria había comprado su edificio y le había subido el alquiler un 275 %, mucho más de lo que podía pagar. «Todos somos Mari Carmen» se convirtió en el lema de decenas de miles de manifestantes en Madrid y en toda España.

Tras el estallido de las protestas, la promotora dio marcha atrás y Abascal pudo volver a su casa. Aun así, las protestas continuaron, y España convocó para el 11 de noviembre su primera huelga general en 14 años. El programa presenta su caso como síntoma de una crisis más amplia en España:

• los alquileres se han disparado en relación con los ingresos,
• es difícil encontrar vivienda,
• para muchas personas, comprar una casa es sencillamente imposible.

El Gobierno de izquierdas de España anunció varias medidas en respuesta:

• una moratoria de los desahucios de personas vulnerables hasta 2030,
• la renovación automática de los contratos de alquiler,
• normas más estrictas sobre los pisos turísticos y los alquileres de corta duración,
• medidas contra los especuladores inmobiliarios.

El reportaje señala que las normas solo debían estar vigentes hasta 2028. Aun así, el Parlamento las rechazó la semana anterior, lo que obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas. El Gobierno espera ahora aprobar las medidas durante una legislatura interina. El colectivo español de defensa de los inquilinos celebró la nueva ley, pero pidió más medidas. La transcripción no recoge cuáles serían esas medidas adicionales.

A continuación, la presentadora informa de que Mari Carmen Abascal falleció mientras se preparaba el episodio. El Sindicato de Inquilinas de Madrid afirmó que su desahucio marcó un punto de inflexión en la historia del país, y los manifestantes se comprometieron a seguir luchando en su nombre.

La segunda mitad aborda lo que la presentadora llama una idea radical: desmercantilizar la vivienda. El argumento es que las grandes inmobiliarias y los fondos de toda Europa compran pisos y especulan con ellos para obtener el máximo beneficio posible. Berlín es el ejemplo principal del programa.

El programa lo ilustra con una operación de 2006. Deutsche Wohnen compró a la ciudad 60.000 pisos por 450 millones de euros, lo que equivale a 7.500 euros por vivienda. La presentadora comenta que, sin duda, la empresa no los ha vendido ni alquilado a precios comparables.

Die Linke ganó en septiembre las elecciones regionales de Berlín con el 25,7 % de los votos. Según un instituto de sondeos alemán citado en el reportaje, la vivienda era el principal problema para la mitad de los votantes berlineses. Los alquileres en Berlín han subido más que en ningún otro lugar de Alemania, casi un 70 % desde 2016, lo que ha alimentado las demandas de propiedad pública.

Según la propuesta de Die Linke, la propiedad de las viviendas pasaría de las empresas privadas al estado federado de Berlín. Un organismo público de nueva creación, sin ánimo de lucro y democrático, gestionaría los inmuebles y los alquilaría de modo que los alquileres se mantuvieran bajos de forma permanente.

El plan se dirige a las inmobiliarias cotizadas que posean más de 3.000 viviendas en Berlín. La mayor es Vonovia, que junto con su filial Deutsche Wohnen posee 138.000 viviendas en la ciudad. Berlín cuenta con unos 1,7 millones de pisos de alquiler, y el reportaje afirma que, con esta política, más de 200.000 podrían pasar a ser de propiedad pública.

El reportaje también señala una ironía. En la década de 2000, una coalición de dos partidos de izquierdas, el SPD y la propia Die Linke, vendió decenas de miles de viviendas a inmobiliarias para equilibrar el presupuesto de Berlín.

El problema central es la indemnización. Si el plan sale adelante, Berlín tendría que pagar a las inmobiliarias, y la ciudad sigue andando escasa de dinero. Los expertos citados en el reportaje calculan que la factura podría oscilar entre 8.000 y 36.000 millones de euros. Esa incertidumbre es una de las razones por las que la idea resulta tan polémica.

Los críticos sostienen que la ciudad no puede permitírselo y que ese dinero estaría mejor invertido en construir viviendas nuevas. El canciller alemán, Friedrich Merz, al que la presentadora califica de «profundamente impopular», quiere prohibir la expropiación por ley. Los bancos advierten de que el capital empresarial está abandonando la ciudad, y los inversores inmobiliarios están indignados.

La cuestión jurídica también sigue abierta. Según el reportaje, los expertos jurídicos alemanes no se ponen de acuerdo sobre si la expropiación es siquiera legal, y se espera que las empresas de vivienda la combatan, posiblemente hasta llegar a tribunales europeos superiores. La presentadora advierte de que una resolución podría tardar años, y mientras tanto la crisis de la vivienda continuará.

El episodio concluye exponiendo las dos posturas:

• Los inquilinos y los activistas por la vivienda sostienen que la vivienda no debería ser un negocio con ánimo de lucro.
• Las empresas inmobiliarias sostienen que el principal problema es la escasez de viviendas y la burocracia que rodea su construcción.

La presentadora resume el debate como regulación estatal frente a libre mercado, y como la cuestión de si la vivienda debería utilizarse siquiera para obtener beneficios. El episodio no toma partido. Termina diciendo que, sea cual sea el camino que tomen España y Berlín, el resto de Europa estará observando.