Valencia aprueba la "prioridad nacional": la ley de Vox que obliga a los extranjeros a esperar años para acceder a ayudas

En una asociación de refugiados de Valencia, el reportaje presenta un perfil que, según la narración, se ve allí a diario. María Camila Salazar es colombiana y vive en la región desde hace dos años. Tiene los papeles en regla y trabaja, pero la nueva ley la obliga a esperar cinco años antes de poder solicitar una vivienda social, una condición que no se aplica a los españoles.

Salazar explica su punto de vista: no se trata de pedir ayudas económicas sin más. Si ella está trabajando y pagando la seguridad social, es decir, "aportando lo de ley", considera que debería tener los mismos derechos que un español.

Ángela Pedraza dirige la asociación y, para ella, la ley de prioridad nacional tendrá consecuencias desastrosas. Describe la situación de quien acaba de llegar: mientras intenta establecerse, se enfrenta a un mercado de la vivienda complicado y a un coste de vida cada vez más alto, por lo que puede necesitar de repente una ayuda. En ese momento, según Pedraza, la respuesta será que lo sienten mucho, pero que tiene que demostrar que lleva en la región al menos tres años. Para las ayudas al alquiler, añade, pueden llegar a exigir siete años. Su conclusión es que, con esos plazos, estas personas nunca saldrán de la situación de vulnerabilidad.

La ley regional fue votada el 22 de julio en el Parlamento valenciano y es obra de Vox, el partido de extrema derecha, que la presenta con el lema "Prioridad nacional por ley". Según el reportaje, Vox consiguió imponer esta medida a los conservadores: el Partido Popular cedió a sus exigencias para poder aprobar su presupuesto.

Vox no piensa detenerse en el ámbito autonómico. Un representante del partido reconoce que hoy existe un límite, la legislación estatal —la ley de extranjería y la ley de vivienda—, pero afirma que, si llegan al Gobierno de la nación, intentarán derogar esas leyes y establecer también allí la prioridad nacional, es decir, "primero, prioritariamente, los españoles".

La oposición de izquierda anuncia que presentará un recurso ante los tribunales y denuncia que la ley es contraria a la Constitución. Un juez entrevistado en el reportaje considera que podría prosperar, aunque con matices. Señala que este tipo de regulaciones apenas tiene precedentes en España y que el criterio general de la prioridad nacional es todavía bastante nuevo, por lo que no se sabe qué decidirá finalmente el Tribunal Constitucional. Sin embargo, a la vista de cómo ha resuelto cuestiones similares en el pasado, el juez apunta que el tribunal podría declarar la ley inconstitucional por tratarse de una medida discriminatoria. La decisión sigue, por tanto, pendiente.