Suelo, oferta y votantes: García Montalvo y Galindo diseccionan el problema de la vivienda en España

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Resumen

En una sesión de «La cuestión palpitante» en la Fundación Juan March, celebrada el mismo día en que el CIS volvía a situar la vivienda como la primera preocupación de los españoles, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo y el sociólogo Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol y autor del libro 3 millones de viviendas, discutieron por qué España no construye lo que necesita, quién queda al final de la «fila» del alquiler y qué políticas ayudan o empeoran la situación. Los dos parten de un diagnóstico común: el problema central es la escasez de oferta, y la financiación no es su causa principal. Las trabas para convertir territorio en suelo edificable, los incentivos políticos locales y unas políticas que a menudo tiran en direcciones opuestas pesan más.

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Un fondo soberano para 15.000 viviendas: ¿agua en cañerías rotas?

El debate arrancó con la actualidad. Esa misma mañana el presidente del Gobierno había anunciado un fondo de inversión que, entre otras cosas, debía servir para construir 15.000 viviendas asequibles. García Montalvo advirtió que todavía no se conocían la gobernanza ni muchos detalles del instrumento. Distinguió además dos partes. La destinada a innovación le parece justificada, porque las primeras fases de una empresa realmente innovadora necesitan recursos públicos: el capital privado no entra mientras no vea una rentabilidad clara. Sobre la parte de vivienda tiene «mixed feelings». Reconoce que hace tiempo se sabe que no hay dinero público suficiente para cubrir el déficit y que la colaboración público-privada es imprescindible. Pero esa colaboración ya existe, por ejemplo a través de empresas mixtas en muchas ciudades. A su juicio, la financiación no es el problema esencial: aunque se tenga mucho dinero, sin suelo donde construir da lo mismo. Por eso duda de que este instrumento vaya a marcar una diferencia significativa.

Galindo lo expresó con una analogía: el fondo es como echar agua, que hace falta, por unas cañerías que no funcionan desde el principio. Si se aumenta el impulso financiero sin arreglar el sistema, el dinero «se escapa por los lados». Citó a Javier Burón, a quien ha oído decir que cuatro de cada cinco euros de los fondos Next Generation que podían ir a vivienda acabaron en rehabilitación. Galindo interpreta que eso ocurrió en parte porque la rehabilitación es el camino de menor resistencia para la financiación, y que la pregunta pertinente es por qué hay tanta resistencia en el otro lado, el de la vivienda nueva.

También le llamó la atención la cifra. Para no caer en la comparación con la burbuja, Galindo toma como referencia la década anterior a ella, cuando el mercado no era problemático. Según sus cifras, entonces se hacían alrededor de un cuarto de millón de viviendas nuevas al año, y entre una tercera y una quinta parte, según el año, era vivienda protegida, la que por definición legal es asequible. Una quinta parte de 250.000 es bastante más de 15.000. Hoy se terminan unas 100.000 viviendas al año, y solo una décima parte es protegida. Aun sumando 15.000 a esas 10.000, España seguiría lejos de aquel nivel. En la burbuja se llegaron a 650.000 viviendas anuales, así que las dimensiones no son comparables.

García Montalvo añadió que el problema del suelo repercute también en la financiación. La incertidumbre sobre el ritmo al que se urbanizará un terreno implica costes financieros muy grandes. Se acabó, dijo, la época en que el promotor pedía al banco el 100% de la construcción y del suelo sin poner «ni un duro»: hoy nadie financia el suelo, el promotor tiene que aportarlo. Y aun teniendo financiación para comprarlo, desarrollar un suelo tarda de media entre 10 y 12 años.

La fotografía: hogares que se crean frente a viviendas que se terminan

Ante la petición de una foto general del problema, los ponentes precisaron las cifras: se terminan unas 100.000 viviendas al año y se inician unas 130.000, y este año será mejor. Galindo propuso como vara de medir el número de hogares netos que se crean cada año. Un hogar puede ser una persona que decide vivir sola, una pareja, una familia, o los dos hogares que resultan de un divorcio. En neto, descontados los fallecimientos, en España se crean alrededor de un cuarto de millón al año. Entre enero de 2021 y junio de 2025, según sus datos, se crearon unos 1.090.000 hogares netos y se terminaron 430.000 viviendas.

Históricamente, explicó, lo normal es que por cada hogar nuevo se construya más o menos una vivienda. En la década de 2010 se crearon menos hogares y se construyó aún menos, en torno a tres hogares por cada dos viviendas, lo que permitía ir absorbiendo el stock sobrante de la burbuja. Durante la burbuja ocurrió lo contrario: casi dos viviendas por cada hogar creado, 600.000 o 700.000 viviendas al año con la mitad de hogares nuevos. Galindo lo calificó de disparate, pero considera igual de absurdo lo actual: un cuarto de millón de hogares nuevos frente a 100.000 viviendas.

El mito de las viviendas vacías

Galindo anticipó la objeción que imaginaba en parte del público: ¿y las viviendas vacías? Su respuesta tiene dos partes. Primero, las viviendas vacías no están donde se crean los hogares, que se concentran en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Galindo puso su propio caso: su esposa es de Bogotá y la pareja llegó a Madrid hace tres años, que es donde necesitaban la vivienda física. Segundo, hay menos viviendas vacías de lo que dicen las cifras que todos tienen en mente. Los famosos 3,8 millones proceden de una estimación del INE basada en el consumo eléctrico de las viviendas durante el año de la pandemia. Galindo considera brillante la estrategia empírica, porque permite examinar todas las viviendas del país, pero ve limitaciones importantes: una sola medición y en un año anómalo deja muchos huecos, viviendas clasificadas como vacías que en realidad no lo están.

García Montalvo aportó el ejemplo de Barcelona. En torno a 2015 se llegó a pensar allí que no hacía falta construir ni una vivienda más, porque el censo de 2011 situaba las viviendas vacías en el 11,8% del parque. Un censo específico de vivienda vacía, hecho casa por casa, rebajó esa cifra al 1,2% (Galindo lo había resumido como unas 10.000 viviendas). Ese porcentaje está incluso por debajo de la vacancia friccional, la que se produce simplemente porque la gente se muda. García Montalvo añadió que el País Vasco tiene un censo propio que da la mitad de viviendas vacías que el general, y que en Ibiza un análisis similar encontró un número «absolutamente testimonial». Le parece lógico: con alquileres de 900 o 1.000 euros, nadie deja una vivienda vacía. Defendió además estos censos porque su diseño estadístico está orientado a encontrar precisamente vivienda vacía y porque van a preguntar puerta a puerta.

Dónde sale mal España en las comparaciones internacionales

Para responder por qué no se construye lo suficiente, García Montalvo explicó el método que aplica desde hace años. Reúne todas las estadísticas de vivienda disponibles en Eurostat y la OCDE y busca aquellas en las que España queda realmente a la cola, entre los últimos, no en la mitad. En muchos indicadores el país no sale mal. Es el caso de la ocupación de la vivienda y del coste de la vivienda en propiedad, con o sin hipoteca: este ha empeorado un poco últimamente, pero sigue por debajo de la media de la UE. Tampoco sale mal el coste del alquiler en cesión o por debajo del precio de mercado.

Los problemas aparecen en otros indicadores. El primero es el porcentaje de población que dedica más del 40% de su renta a pagar un alquiler de mercado, donde España siempre ha salido muy mal y en 2017 llegó a ser el peor país. Habló de 1,3 millones de familias, una cifra que, subrayó, coincide con las viviendas sociales en alquiler que España no tiene y Europa sí tiene de media. El segundo es la elasticidad de la oferta, es decir, cuánto más construyen promotores y constructores cuando sube el precio. España está entre los más bajos, junto al Reino Unido, y «estar al lado del Reino Unido en cualquier estadística de la vivienda es lo peor que te puede pasar». Según sus cifras, el Reino Unido tiene un déficit de 4,5 millones de viviendas y España de 600.000 o 700.000. El tercero es la vivienda social en alquiler, entre el 1,3% y el 1,8% según cómo se mida, frente a una media europea del 8% o 9%. Eso deja a un grupo de personas en el alquiler de mercado que deberían estar en alquiler social y no pueden, porque no hay parque. El cuarto es la construcción de vivienda nueva. En 2006 y 2007 España llegó a la «locura» de 14 viviendas por cada 1.000 habitantes, cuando otros 11 países desarrollados estaban en seis. Después cayó hasta 1,5, mientras en Europa la caída se estabilizó en tres. Hoy está en dos, lejos de la locura pero también de lo que debería ser.

Matizó un último punto: en renta media destinada al alquiler España no sale mal. El problema está en los deciles inferiores, donde la gente con menos recursos dedica al alquiler el 50% o el 60% de sus ingresos.

De territorio a suelo edificable: los cuellos de botella

Galindo insistió en que suelo físico hay, también en Madrid. La cuestión es cómo el territorio pasa a ser suelo edificable capaz de resolver el problema, algo que controlan los municipios. En 2007 cambió la ley de suelo y se estableció que un terreno solo es urbanizable si lo declara así un plan general de ordenación urbana. A Galindo ese cambio no le parece mal en sí mismo; se declara «agnóstico». El problema es que en los 10 o 15 años siguientes se fueron añadiendo requisitos en cada paso entre el suelo urbanizable y el urbano consolidado, que es el suelo con calles y farolas, listo para pedir licencia y levantar el edificio. Esa combinación generó cuellos de botella en la cañería.

Citó una estimación según la cual dos terceras partes de los planes generales de ordenación urbana son anteriores a 2008, es decir, planificación hecha durante la burbuja o antes. Por eso un municipio cualquiera de la Costa del Sol tiene muchas más viviendas proyectadas per cápita que Madrid, donde está la demanda. Lo que más le interesa de este proceso es que nadie decidió dificultar la construcción deliberadamente. Los requisitos (informes ambientales, paisajísticos o de otro tipo) se añadieron durante la crisis, cuando la demanda había caído al suelo y construir no parecía un problema. Galindo recordó que muchos se fueron de España en esos años; él mismo estuvo fuera 11 años.

García Montalvo resumió que las administraciones se pusieron a sí mismas deberes que no pueden cumplir. Su ejemplo: el Ayuntamiento de Barcelona compró edificios completos a fondos y particulares para rehabilitarlos como vivienda social, y algunos llevan cinco o seis años parados porque la propia normativa municipal de rehabilitación le impide rehabilitar un edificio que es suyo. Galindo añadió el caso de los antiguos terrenos militares que existen en todas las ciudades, hoy zonas premium y de propiedad pública. En Valencia, las primeras promesas de vivienda en esos terrenos datan de principios de los 2000, y las obras básicas de urbanización terminaron en 2025. De ahí la frase que Galindo atribuye, literalmente, a un promotor: su consejo o su inversor no le deja comprar suelo que no sea urbano consolidado. Cada paso supone tiempo e incertidumbre. Un informe puede no presentarse o llegar tarde, o un defecto de forma puede abrir la puerta a una alegación.

Un problema global y la economía política local

A la pregunta de si esto solo ocurre en España, García Montalvo respondió con dos ideas que, a su juicio, han tardado en calar. La primera es que todas las grandes ciudades tienen el mismo problema: Berlín, París, Nueva York, San Francisco, Madrid o Barcelona. La segunda es que, dentro de cada país, el problema está muy localizado en áreas urbanas densas, con economías de escala y de alcance, alta productividad, salarios altos y bajo desempleo, donde todo el mundo quiere vivir. Se puede hablar de la España vaciada como algo idílico, dijo, pero la gente vive donde quiere vivir, y el proceso de urbanización sigue imparable en los últimos 15 años.

Coincidió con Galindo en que los obstáculos no se crearon a propósito, pero subrayó que la política, y en especial la local, importa mucho. En el desarrollo de suelo intervienen tres administraciones con intereses distintos, y la local no quiere construir porque su votante es propietario y quiere que su vivienda valga cada vez más. Ilustró la idea con una escena: alguien se lamenta con sus amigos de lo mal que está la vivienda y por la noche celebra que su piso ha doblado su valor e invita a la cena. Según García Montalvo, el alcalde responde a ese propietario, y cuando los vecinos piden más criterios o códigos de edificabilidad más complicados, los concede porque así frena la construcción y mantiene los precios. Rechaza la idea de que al alcalde le interese crecer para recaudar más. En Estados Unidos, recordó, hay condados que quieren que la gente vaya a trabajar allí pero que las casas, y sobre todo la vivienda social, se construyan en el condado de al lado.

Su ejemplo más contundente fue el Reino Unido. A mediados de la década de 2010, el Gobierno central fijó objetivos por ciudad: 6.000 viviendas al año para Bristol y 5.000 para Birmingham, según citó. Los entes locales se negaron y, según García Montalvo, no se construyó ni una. En lugar de sancionarlos, el Gobierno central eliminó la norma, porque quienes quieren vivir en una ciudad y no viven en ella no votan allí.

Galindo quiso matizar el planteamiento. El área relevante de demanda es la metropolitana, que puede abarcar entre 50 y 90 municipios. Cada alcalde quiere el hospital, pero prefiere que los trabajadores del hospital vivan en el municipio vecino, porque la recaudación no compensa el coste político de construir. A su juicio, el vecino no piensa tanto en frenar la construcción como en querer aquello que revaloriza su vivienda: el centro de salud, los servicios, incluso un pipicán antes que otra casa. Mencionó un caso de Zaragoza en el que los vecinos se opusieron a un nuevo bloque de viviendas porque ocupaba un skate park. Galindo, que dice ser muy partidario del skate, cree que la vivienda es más importante y que se olvidó establecer prioridades.

Añadió otra dimensión que, a su juicio, España debe afrontar de frente: la mayoría de quienes llegan a los nuevos bloques no son españoles, hay mucha gente con posiciones contrarias a la inmigración en su barrio, y los alcaldes de cualquier signo son muy sensibles a ello. No solo importa que se construya, sino quién llega a vivir, algo que se ve con claridad en la oposición a la vivienda social. En su opinión, el país lleva dos décadas «haciéndose trampas al solitario» al decirse que integra bien a quienes vienen a trabajar y vivir, y no construir vivienda para ellos es un ejemplo de que no está tan claro.

Quién lo hace mejor: el País Vasco y las revisiones normativas

García Montalvo puso como ejemplo el País Vasco. Para él, la prueba de que una administración se toma en serio la vivienda es mantener una política consistente durante mucho tiempo, sin soluciones mágicas. Controlar el precio del alquiler y dar el problema por resuelto le parece «una chorrada». Hace 20 años, el País Vasco decidió dos cosas. La primera, que cualquier vivienda con subvención pública conservaría para siempre su calificación pública: si el beneficiario quiere mudarse, devuelve la vivienda a cambio de un precio justo, no de mercado, y pasa a otra familia. La segunda, que no se entregarían títulos de propiedad, porque el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, no la compra. El resultado es que entre el 90% y el 95% es alquiler social. Esos principios se han mantenido con gobiernos del PNV y del Partido Socialista de Euskadi. Vitoria, según sus datos, tiene un parque público del 20%: no es Viena, pero «se va pareciendo».

Criticó, en cambio, las políticas que tiran en direcciones contrarias. Puso como ejemplo que la ley de vivienda reduce hasta un 90% lo que el propietario tributa en el IRPF si baja el precio un 5%, pero a la vez aumenta mucho el riesgo de tener una vivienda en alquiler. Si se alinean los incentivos, sostuvo, la oferta aumenta.

Galindo señaló a administraciones que están revisando sus normas para identificar qué dificulta que el sector privado construya: la Comunidad de Madrid y Andalucía, gobernadas por la derecha, y el Ayuntamiento de Pamplona, «del otro lado». En su opinión, quien considere la vivienda su prioridad debe empezar por revisar su normativa autonómica o local, localizar los cuellos de botella y preguntarse si el enésimo informe es tan importante. Recordó también que el PSOE, no el Gobierno, presentó un anteproyecto de ley de suelo en esa línea, que quedó bloqueado en el Congreso.

Transporte, densidad y cohesión social

Desde la moderación se planteó cómo conciliar el ordenamiento territorial y la cohesión social con el hecho de que todo el mundo quiera vivir en los mismos sitios. García Montalvo respondió que un sitio no es un punto sino una zona que puede crecer, y que con mejores infraestructuras de transporte podría hacerse mucho más grande sin tanto apilamiento. En cuanto se sale del centro de Barcelona o de Madrid hay suelo y posibilidades de construir. Pero si uno sube a un tren de Rodalies sin saber si llegará, la ciudad no puede extenderse. Hacen falta, resumió, un sistema administrativo más ágil y unas infraestructuras de transporte adecuadas, bien mantenidas y con inversión suficiente.

Galindo sostuvo que España no ha sido especialmente mala en cohesión. No tiene periferias como las de París, donde se construyó vivienda social masiva para acoger a una primera y segunda generación de migrantes llegados, en gran parte, del norte de África. Además, España sabe hacer densidad: no solo el Ensanche barcelonés, sino barrios como la zona de Blasco Ibáñez en Valencia, densos y vivibles, con bajos comerciales y buena red de metro. El siguiente paso es diseñar los nuevos barrios con el transporte público por delante, construyéndolo antes que el barrio, lo que se conoce como transit-oriented planning o transit-oriented communities.

Galindo subrayó que cercanías y metro no cumplen la misma función. El cercanías mueve a más gente, con paradas más espaciadas, y recorta tiempos en distancias largas. Citó el RER de París, un tren regional superpuesto al metro que ayudó en cierta medida a descomprimir la ciudad, y la estructura de Tokio, con niveles tipo metro, intermedio y cercanías. Reconoció que la inversión en cercanías ha subido mucho con los fondos Next Generation, pero sostuvo que eso no resuelve décadas de infrafinanciación de Cercanías y Rodalies, y recordó que esos fondos se acaban en agosto. A ello se suma otra capa de dificultad: la administración multinivel, a menudo en manos de partidos distintos que, en un contexto de polarización, tienen incentivos no solo para no facilitarse la vida sino para dificultársela.

Silencio negativo, alegaciones y miedo a firmar

Ante la queja de que la conversación resultaba deprimente, se recordó que la ley del suelo llegó al Congreso con el acuerdo de los dos grandes partidos y aun así no salió. Galindo explicó uno de sus contenidos. Muchos puntos de fricción existen porque el silencio administrativo en urbanismo es casi siempre negativo: si la administración competente no llega a emitir el informe preceptivo, el proceso vuelve a empezar. Además, un defecto de forma minúsculo basta para presentar alegaciones o llevar el caso a un juez de lo contencioso-administrativo, y en España hay organizaciones especializadas en presentar alegaciones para parar proyectos de vivienda. Según Galindo, España tiene una sociedad civil sesgada hacia el no. Le parece bien que exista, pero echa en falta una sociedad civil que empuje hacia el sí.

García Montalvo aportó algo positivo. En Finlandia y Australia se usa inteligencia artificial para comprobar la legalidad de los proyectos urbanísticos, tanto la edificabilidad como la corrección de los informes ambientales, y Málaga empieza a incorporarla. Según su relato, los tiempos de comprobación se han reducido a una cuarta parte. En España esto ayudaría además con el «miedo a firmar»: cuando la licencia está casi lista, el secretario se va de vacaciones o el interventor no firma por temor a que alguna asociación encuentre un detalle en el informe ambiental y acabe en una acusación de prevaricación. Si firma un algoritmo, bromeó, «métalo usted en la cárcel al algoritmo». Mencionó también la construcción industrializada entre las innovaciones que permitirían ir mucho más rápido.

La fila del alquiler y las cadenas de mudanza

Desde la moderación se describió la búsqueda de alquiler como un «concurso de belleza»: al final de la fila quedan personas mayores, jóvenes, inmigrantes, familias monoparentales y mujeres solas, y lo poco que bajen los precios con las medidas de contención beneficiará a los primeros. ¿Cómo llegar al último? La respuesta de Galindo fue hacer más abundante el bien que se reparte al final de la fila. Dijo entender la frustración: siendo una persona privilegiada, estuvo hace poco en esa fila y le resultó agobiante. Reconoce que adelantó a mucha gente simplemente por tener un buen contrato laboral. Quien está en la fila quiere una «zancadilla legal» para que no le adelanten, lo que Galindo llama juegos de suma cero o políticas de la escasez. Pero lo importante, insistió, es por qué existe la fila: porque el bien es escaso.

Añadió dos puntualizaciones. Muchas viviendas construidas para la venta acaban en alquiler. Y cualquier oferta donde la gente quiere vivir abarata la vivienda en general, no solo la diseñada como asequible: incluso un bloque de lujo a 10.000 euros el metro cuadrado junto a un parque en Berlín contribuye por efecto deslizamiento. La literatura económica habla de cadenas de mudanza. Galindo lo ilustró con su experiencia: su pareja y él buscaban comprar frente a Madrid Río y otros compradores les adelantaron dos veces pujando por encima de un precio de salida ya alto. Si hubiera habido más vivienda de lujo nueva, esos compradores quizá habrían optado por ella en lugar de por el piso de 1959 que ellos querían. Acabaron en Moratalaz, donde dicen estar encantados, pero la vivienda que compraron allí habría quedado para una familia con algo menos de poder adquisitivo, y así sucesivamente. Citó un estudio finlandés con datos administrativos de compraventa que comprobó estas cadenas de hasta seis niveles, en las que mucha gente se muda a una vivienda de alquiler. Galindo añadió que también puede abrirse la oferta del parque existente, pero que se está haciendo lo contrario: reducir el incentivo para que la vivienda ya construida salga al alquiler de largo plazo.

Grandes tenedores y control de alquileres

García Montalvo atribuyó esa orientación a problemas de comprensión y a posiciones ideológicas que ignoran la evidencia empírica, y habló de las «cicatrices» de la crisis inmobiliaria. La crisis desprestigió a promotores y constructores, y ese estigma se ha trasladado al particular que alquila su vivienda, al que parte del espectro político señala como especulador. Según García Montalvo, nadie quiere ser visto como un demonio, y hay quien por eso vende o sale del mercado, pese a que sin esos propietarios no habría vivienda en alquiler.

Frente a quienes culpan a los grandes tenedores, dio sus estimaciones. No hay estadística oficial, pero sumando distintas fuentes los grandes tenedores de verdad representan un 5% o 6%, y menos ahora porque están vendiendo. Contando todas las personas jurídicas, un 8%. Como comparación, mencionó a Vonovia, que en Alemania tiene 500.000 o 600.000 viviendas. En España, dijo, el mercado del alquiler es «del señor Juan y la señora», no de Vonovia ni de Blackstone.

Por eso considera que no hay justificación para el control de alquileres, aunque políticamente resulte «fabulosamente atractivo». Describió así la cadena: el votante propietario impide construir, los alquileres se disparan y, para contentar al votante inquilino, se controlan los precios. Según García Montalvo, el control reduce la oferta, la cola se alarga y jóvenes y familias monoparentales quedan cada vez más lejos del principio. Mientras tanto, el nómada digital que cobra 6.000 euros de una empresa alemana ve cómo su alquiler baja, por ejemplo de 1.200 a 1.000 euros, sin haberlo pedido. Explicó que la microeconomía no se opone a limitar precios cuando hay monopolio u oligopolio, es decir, cuando en cada piso que uno visita aparece el mismo propietario pidiendo 1.500 euros. En un mercado atomizado, en cambio, la teoría desaconseja controlar precios porque reduce la oferta. A su juicio, como la tesis de que los grandes tenedores controlan el mercado no se sostiene, la definición de gran tenedor se ha ido contrayendo: primero por superficie, luego diez viviendas, luego cinco, y ahora se habla de dos. «Tres millones de grandes tenedores», concluyó, no forman un oligopolio: es un oxímoron.

¿«Es el mercado, amigo»? Alquiler turístico, riesgo y seguridad para el propietario

La moderación planteó, como provocación, que los expertos parecían decir a quien sufre precios desbocados que así es el mercado. Galindo lo negó: el mercado está «claramente roto, reventado». Lo que sostienen, explicó, es que la gente se mueve por incentivos y por su poder dentro del mercado. El poder relativo de cada propietario es enorme porque la demanda supera con mucho la oferta, y además el propietario tiene alternativas: el alquiler turístico, el de temporada o la venta. Cuando se sugirió prohibir esas alternativas, Galindo advirtió contra pensar que lo que se escribe en una norma por deseo es lo que va a suceder. Uno de los ponentes señaló que a principios de este año había bajado el número de pisos turísticos sin que dejaran de subir los alquileres, lo que a su juicio indica que esa no era la causa.

Galindo reconoció que el alquiler turístico puede ser un problema. En su barrio de Valencia, el Cabañal, ha pasado en pocos años de cero a un 11% del parque. Genera externalidades negativas, como ruido o menor capital social del barrio, aunque también algunas positivas, como más restaurantes, y resta oferta al alquiler de largo plazo. Su propuesta es gravar el alquiler turístico y el de temporada en las zonas más afectadas y mantener el registro único ya en marcha. Considera una suerte que la oferta turística atomizada esté concentrada en tres o cuatro plataformas, porque basta con negociar con ellas en lugar de perseguir a cada propietario. Pero insiste en que no basta con desincentivar: hay que hacer más atractivo el alquiler de largo plazo. Critica que la declaración de vulnerabilidad, que impide desalojar en caso de impago a quien servicios sociales considere vulnerable, se adoptara en la pandemia, probablemente con justificación, y se haya prolongado indefinidamente. Eso lleva a los propietarios a hacer un casting de inquilinos, algo que considera totalmente normal, aunque reconoce que el inquilino que no puede pagar está aún peor. Le parece «graciosísimo» que las posiciones progresistas no respondan con alquiler social y con un seguro público de alquileres como el francés, más allá de la propuesta «ultratímida» existente, para que la sociedad asuma un coste que hoy recae sobre el propietario. Solo cuando se desincentive el alquiler turístico y de temporada, se facilite el de largo plazo y se abra la mano a la oferta nueva, dijo, tendrá sentido pensar en ayudas al alquiler.

García Montalvo precisó que la clave no es la rentabilidad sino la rentabilidad ajustada al riesgo. Según explicó, quien tiene un piso turístico tributa en el IRPF por el 100% de los rendimientos, frente al 50% en el alquiler regular y un porcentaje menor si se alquila a un joven. A eso se suman unos costes de gestión que pueden llegar al 20% por los cambios constantes de huésped. Por tanto, la rentabilidad «pura y dura» del turístico puede ser peor, pero ajustada por riesgo es mucho mejor: el turista se va seguro a los tres días. Por eso hay que reducir el riesgo del propietario. Recordó el caso de padres que compraron una casa para cada hijo y las mantienen cerradas porque no se fían, o de propietarios que prefieren vender aprovechando las fuertes plusvalías. Con más viviendas en alquiler, afirmó, los precios bajan. Lo vivió en Barcelona entre 2010 y 2013, cuando los alquileres cayeron un 22% y su casero le bajó la renta prácticamente sin pedírselo, porque los inquilinos podían irse a otro piso más barato. El objetivo, resumió, es que sea el inquilino quien pueda decir «tengo tres que me lo dan por menos que tú».

Preguntas del público: una institución al margen del ciclo electoral y los compradores no residentes

Rafael García Pérez preguntó si una institución nacional específica podría aislar la política de vivienda de los ciclos electorales. García Montalvo repasó las propuestas existentes. Las más radicales, en Estados Unidos, plantean quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y subirlas al Estado. Otras proponen organismos supramunicipales con competencias delegadas. La lógica, explicó, es que un vecino de L'Hospitalet que quiere mudarse a Barcelona no vota en Barcelona, así que allí nadie construye pensando en él, y cuanto más alto es el nivel de decisión, más interés hay en construir. Considera poco factible llevarlo al nivel central, que probablemente ni siquiera sería constitucional en España. Sí ve posible, por ejemplo, que el Área Metropolitana de Barcelona asuma competencias de desarrollo si los municipios se las delegan. Galindo interpretó que la pregunta apuntaba más bien a un organismo independiente al estilo del Banco de España. Lo describió como una tentación comprensible, pero pidió cautela porque tiene otros problemas.

Paloma Iznaola preguntó por limitar la compra de vivienda por no residentes. Galindo empezó por el diagnóstico: en los últimos diez años, los no residentes han realizado el 36% de las compras en Alicante y el 5% en Madrid, «dos mundos muy distintos». Su regla de oro es descartar cualquier política con indicios de reducir la oferta, porque el problema es precisamente la falta de oferta. Sin embargo, admitió que cambió de opinión en conversaciones con Kiko Llaneras, alicantino. Por lo poco que ha visto de la investigación sobre los impuestos a compradores no residentes en Australia y Canadá, estos podrían no restar oferta y tener un efecto equilibrador sobre los precios en las zonas donde esas compras pesan de verdad.

García Montalvo distinguió esa medida de la de Ámsterdam y Róterdam, que solo permiten comprar si se va a residir en la vivienda. En Cataluña se debate algo parecido, aunque prefirió no entrar en los informes. Le parece mejor diseñada que prohibir una «compra especulativa», un concepto que, según él, ninguna ley define bien. Pero sus efectos fueron los esperables: las viviendas en alquiler de esos barrios se vendieron a compradores que, por definición, siempre tienen más renta que los inquilinos, y los antiguos inquilinos, que no podían comprar, tuvieron que irse a alquilar lejos. De ahí su advertencia: hay que mirar con mucho cuidado los efectos colaterales de medidas que suenan bien pero pueden ser terribles a medio y largo plazo.

Subsidios mal dirigidos y el votante mediano

Galindo cerró el bloque con dos ideas. Primero, hay que dejar de suponer que algo ocurrirá solo porque se desea: los seres humanos responden a incentivos y toman decisiones que el legislador no anticipa si no estudia antes. Segundo, hay que dejar de diseñar políticas, entre ellas el control de alquileres, para la clase media urbana acomodada como él. Se describió como el votante mediano de la izquierda en su ciudad y sostuvo que, en una situación de escasez, no debería ser el objetivo de ninguna política: no necesita protección ni ayuda para comprar.

García Montalvo generalizó la crítica. Según él, la OCDE ha advertido sistemáticamente que en España ayudas y subsidios se dirigen demasiado a quienes no los necesitan, a la parte alta de la distribución. Puso como ejemplo la subvención al carburante «para todos», cuando debería limitarse a quien no tiene recursos. Sumado todo, dijo, quienes más tienen acaban recibiendo más subsidios, «un disparate». Preguntado por si los políticos a los que asesoran les escuchan, respondió con la teoría del votante mediano: el político cuenta votos, y quien le hace ganar las elecciones es el votante mediano, y señaló a Galindo, sentado a su lado.

Galindo matizó que hay políticos y técnicos que genuinamente quieren hacer bien las cosas; si no, dijo, no se dedicarían a lo que se dedican. También es normal que la democracia responda al votante mediano. El problema es quién queda fuera: la gente que no vota, la que no se moviliza y la que no puede votar porque no tiene papeles tienen perfiles determinados. Puso como ejemplo el ingreso mínimo vital, diseñado para personas distintas del votante mediano pero lastrado porque hay que solicitarlo expresamente y no llega a mucha gente. Tenerlo es mejor que no tenerlo y ha sido un avance, aunque para Galindo dista mucho de ser la mejor política contra la pobreza posible. El debate terminó con esa tensión sin resolver: la batalla, en palabras de Galindo, entre los políticos atentos sobre todo al votante mediano actual y quienes intentan hacer políticas para los que están al final de la fila.